El Título VIII se destina a prever el régimen de la resolución de decomiso e incorpora, con algunas adaptaciones, el contenido presente en la Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso. De este modo, regula el procedimiento a través del cual se van a transmitir, por parte de las autoridades judiciales españolas, aquellas sentencias firmes por las que se imponga un decomiso, a otros Estados miembros de la Unión Europea, y establece el modo en el que las autoridades judiciales españolas van a reconocer y a ejecutar tales resoluciones cuando le sean transmitidas por otro Estado miembro.
one. El reconocimiento y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo que se enumeran en el artworkículo two, se regirán por lo dispuesto en esta Ley, en las normas de la Unión Europea y en los convenios internacionales vigentes en los que España sea parte.
36. Reitera la importancia de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales —en forma de una posible propuesta legislativa apoyada por un acuerdo interinstitucional— consistente en un examen anual independiente y basado en pruebas que evalúe el cumplimiento del artículo two del TUE por parte de todos los Estados miembros de la Unión, y en recomendaciones específicas para cada país, con el fin de reforzar la confianza mutua entre los Estados miembros; señala que un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales sería un instrumento fundamental que contribuiría a reforzar la confianza mutua entre Estados miembros en el contexto de la aplicación de la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea;
a) La obligación de la persona condenada de comunicar a una autoridad específica todo cambio de domicilio o lugar de trabajo.
Este informe quiere contribuir a esa reflexión, quiere contribuir a fortalecer esta cooperación con todas las garantías que forman parte del acervo jurídico de la Unión Europea, y para ello pido el apoyo del Parlamento al texto que hoy se Source propone.
Podrá reanudarse la ejecución de la condena en España cuando la autoridad competente del Estado de ejecución informe al Juez de Vigilancia Penitenciaria de la no ejecución de la condena como consecuencia de la fuga del condenado.
Por su parte, el Título IV contiene las normas de la llamada resolución de libertad vigilada, que establecen el régimen de la transmisión y ejecución de resoluciones adoptadas en el marco de medidas consecutivas a la condena. Este título contiene tanto el procedimiento por el que las autoridades judiciales españolas pueden transmitir una resolución por la que se imponga una medida de libertad vigilada o una pena sustitutiva, como el procedimiento de ejecución de dichas resoluciones en España cuando hayan sido dictadas en otros Estados miembros.
one. El Juez o Tribunal competente transmitirá la resolución sobre medidas alternativas a la prisión provisional a la autoridad competente del Estado miembro en el que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
En segundo lugar, el delito debe ser castigado con una pena de prisión de al menos un año. Además, la extradición no puede llevarse a cabo si la persona solicitada ya ha sido juzgada y condenada por el Check This Out mismo delito en el estado solicitante.
Se ha de hacer una mención a los anexos que cierran la Ley y en los que se contienen los modelos de los formularios y los certificados a través de los cuales se efectúan las comunicaciones entre autoridades judiciales en la Unión Europea.
Esta Ley va acompañada además de una orden de detencion europea y entrega - asistencia legal Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, que evita las continuas reformas a las que ésta tendría que verse sometida si la tarea de transposición se realizase de manera individualizada.
En esta diligencia se contará también con presencia del Secretario judicial, que dejará constancia del cumplimiento de las condiciones previstas en este artworkículo y las pactadas entre las autoridades judiciales que conocen del procedimiento.
19. Pide a la Comisión que siga evaluando la transposición de la Decisión Marco relativa a la orden de detención europea y otros instrumentos de cooperación judicial y que incoe procedimientos de infracción cuando sea necesario;
four. Si la causa de suspensión hiciera previsible que la misma no fuera alzada, se devolverá el formulario o certificado con todo lo actuado a la autoridad judicial de emisión.